“El modelo del Perú está agotado”

perúEn diálogo desde Lima con L’Ombelico del Mondo, noticiero internacional de Radionauta FM, el sociólogo y reconocido activista Ricardo Jimenez analizó la actualidad peruana ante el descontento generalizado con el gobierno Humala.

En las últimas semanas distintas protestas sacudieron el Perú. Los sindicatos de trabajadores públicos se lanzaron contra la Ley del Servicio Civil que reforma la actividad laboral de los dependientes estatales bajo el régimen de la meritocracia y el control permanente de la labor de los empleados. A su vez, una serie de escándalos relativos a la llamada ‘repartija’ a escondidas entre oficialismo y oposición de diferentes cargos públicos llevaron a miles de jóvenes a las calles pidiendo la renuncia del gobierno de Ollanta Humala. Según el sociólogo chileno radicado en Lima, Ricardo Jimenez, referente de la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA, “hay una estructura institucional y política que está agotada”

-La prensa internacional comenzó hace semanas a hablar de los “indignados peruanos” ante las protestas contra la corrupción en el gobierno. ¿Qué es este fenómeno social?

Toman el nombre de los indignados de Europa y Estados Unidos. Es un sentir global que aterriza en crisis políticas de distintos lugares del planeta y se ha trasladado a este movimiento peruano que efectivamente forma parte de este malestar. Y que adquiere sus características propias en una institucionalidad agotada, que no deja ni siquiera vías para manifestar el desacuerdo. Podríamos decir que el movimiento de indignados peruanos es la vía que la ciudadanía y los pueblos han encontrado para manifestar su descontento y sus demandas.

Se trata de un movimiento ciudadano que incluye pero supera largamente a los partidos políticos progresistas y de izquierda. Es un hecho objetivo que muchos de los líderes juveniles que aparecen públicamente liderando este movimiento efectivamente son militantes o activistas. Pero la fuerza y el impacto del movimiento tiene que ver con una convocatoria mucho más amplia, mucho más heterogénea, y que tiene como denominador común un hastío, una indignación, frente a los hechos que están ocurriendo y que son síntoma de una crisis política profunda.

-Una crisis que se ha explicitado también con las duras protestas sindicales de hace unas semanas.

Perú es uno de los últimos bastiones ultra neoliberales que están quedando en el continente. Se puede discutir si los gobiernos llamados progresistas, de reforma y cambios son más o menos ciudadanos y populares de los movimientos sociales. Pero sin ninguna duda los gobiernos que podemos clasificar como ultra neoliberales, es decir los que siguen las recetas del Fondo Monetario o el Banco Mundial, que tanta crisis han generado y están generando en el planeta, son muy pocos. Están agrupados en la denominada Alianza del Pacífico.

Fundamentalmente Chile, que también tiene una crisis social y política bastante aguda; Colombia, que es un caso muy excepcional, todos conocemos los problemas que arrastra; y está Perú, teniendo en cuenta Sudamérica. Estos son los últimos tres enclaves neoliberales. Y en el caso del Perú este modelo está haciendo agua desde hace muchos años. Cada cierto tiempo se vive un Estado de sitio o un Estado de emergencia, protestas masivas, asesinatos de manifestantes o policías.

Esta crisis manifiesta, permanente y aguda, llevó al gobierno hacia una alternativa de cambio, que es la del actual gobierno del presidente Ollanta Humala, que a los pocos meses de llegar al gobierno traicionó abierta y violentamente toda esta esperanza popular y programa popular por el cual fue votado. Hoy mantiene una continuidad del modelo ultra neoliberal e incluso lo profundiza en varios de sus puntos. Uno de ellos es la ley que ha desatado la ira y la protesta de los trabajadores públicos. Esta ley esperaba legitimarse sobre la esperada reforma y modernización del Estado, algo que la población esperaba. Pero con ese pretexto se aplican las viejas recetas neoliberales que consisten en quebrar los derechos laborales, incluso por debajo de estándares del siglo XX, como el arrebato de la negociación colectiva a los trabajadores públicos. Estó llevó a masivas protestas en las calles que los medios de comunicación llamaron ‘día de furia’. Y no se sabe bien qué va a pasar. Ha quedado en un himpás y la ley no parece viable pero el gobierno no sabe bien para donde ir.

-¿Qué relación hay entre los reclamos de los llamados indignados y los sindicatos?

Un denominador común innegable entre las dos protestas es que tanto los sindicatos de trabajadores como el movimiento de indignados son exactamente los mismos sectores que levantaron esa alternativa de gobierno y la llevaron al triunfo. Yo diría que más allá de los reclamos puntuales están expresando una profunda crisis política e institucional del Perú y la necesidad de desfujimorizar el Estado. Hay que recordar que toda la institucionalidad política peruana proviene de la dictadura de Alberto Fujimori.

La Constitución fue hecha por una persona que hoy día se encuentra en prisión por robo y varios crímenes. De manera que eso ahora está agotado, y hay una demanda de la ciudadanía de airear y renovar la democracia peruana que tiene una falla en su legitimidad. La actual institucionalidad política se aprobó bajo las orugas de los tanques en las calles, con un congreso que había sido cerrado por la fuerza militar y re abierto a medida del dictador. Más allá de los sectores y de lo que tienen en común, expresan en diversas formas este agotamiento. Y que tiene en su fondo la imposibilidad por parte de los sectores ciudadanos, de los pueblos y las regiones de tener representatividad política y no tener días para ser escuchada. El gobierno de Humala ha cerrado las puertas al diálogo con todos los sectores salvo el alto empresariado financiero peruano. Éste es recibido constantemente, le dicta pautas al gobierno y que el gobierno se desvive por complacer con una serie de paquetes legislativos cada vez con más concesiones. Todos los demás son descalificados, criminalizados y reprimidos.

-¿Y las protestas contra la minería qué relación tienen con todo esto?

Es un tema transversal a toda Latinoamérica y que atraviesa a gobiernos de distinto signo y orientación ideológica. Todos los gobiernos están atravesados por este problema del estractivismo. En en caso del Perú esta situación se ve agravada por la falta de diálogo y la falta de legitimidad que el gobierno, los sectores mediáticos y los poderes económicos le otorgan a estos movimientos campesinos y urbanos en las regiones que ven amenazada su vida o por lo menos así lo perciben. El gobierno lo que hace es echarle gasolina al incendio. Cada vez que hay una manifestación donde la gente desconfía de los proyectos extractivos el gobierno descalifica, criminaliza y reprime. Y cada vez genera más violencia que no parece tener solución por lo menos en el marco de la actual política.

-¿Cómo queda entonces el Perú a nivel regional a la luz de los últimos acontecimientos, como la cumbre de UNASUR por el ataque a Evo Morales?

A nivel internacional este gobierno a tomado el mismo derrotero de traición al programa de la gran transformación que incluía un capítulo internacional donde la prioridad era fortalecer la UNASUR, la soberanía e integración continental. Y ha virado hacia la nefasta Alianza del Pacífico, una especie de tratado de libre comercio en chiquito con los últimos enclaves que van quedando, y de subordinación a los intereses norteamericanos y a los grandes capitales transnacionales. En ese marco este gobierno ha jugado un rol vergonzoso, impresentable, al no querer llamar a una cumbre de UNASUR para desagraviar al presidente Evo Morales. Más siendo presidente pro témpore del bloque. Ya es malo lo que hicieron Chile y Colombia, sus socios de la alianza, al no querer llamar a la cumbre. Pero es vergonzoso de parte de la presidencia que tenía Perú. Ha sido una apuñalada a la integración continental, al pueblo boliviano, al presidente Morales. Y muestra la decadencia del gobierno en todos los aspectos programáticos

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