En diálogo con L’Ombelico del Mondo, noticiero internacional de Radionauta FM, Sergio Fernandez, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de Colombia analizó la situación educativa y de salud a la luz de las últimas movilizaciones en su país.
Sergio Fernández es uno de los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) de Colombia, una organización que representa a los universitarios de ese país y que en el último mes protagonizó una serie de protestas que tuvieron mucho eco a nivel internacional. La Mane denunció en septiembre pasado el vaciamiento presupuestario que está sufriendo la educación superior colombiana.
Entre las iniciativas llevadas a cabo por el movimiento estudiantil, llamaron la atención de la prensa latinoamericana los desnudos por las calles de Colombia y la toma del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), entidad que otorga créditos a las familias para que sus hijos puedan concurrir a la universidad. “En diciembre de 2012 los rectores de las 32 universidades públicas publicaron un estudio adonde se afirma que el déficit de las universidades públicas asciende ya a 6000 millones de dólares. Ese dinero se necesita urgente para resolver los problemas de infraestructura, salarios docentes y demás. Ese déficit ha sido negado por el gobierno, que ha planteado que las universidades están en perfectas condiciones pero la realidad ha sido otra. Recientemente la Universidad Nacional tuvo que cerrar la facultad de derecho porque el techo se vino al piso. También tuvo que cerrar la facultad de enfermería, la de arquitectura, parte del edificio de cine y televisión. Y esa es la universidad más importante de Colombia. La universidad pública que más recursos recibe y a pesar de eso está quebrada, el déficit es enorme y es innegable”.
– Sin embargo la Constitución Política de Colombia prevé que la educación deba ser pública y gratuita
– La Constitución Política de Colombia es extremadamente ambigua. En cuanto a la educación superior la Constitución señala que es un derecho pero a la vez es un servicio público. Y los servicios públicos pueden ser prestados por privados incluso abriendo la puerta al lucro, que es lo que pretendía el gobierno introducir. En segundo lugar la constitución dice que la educación superior debe ser gratuita, pero a renglón seguido dice que sin perjuicio de que paguen aquellos que tengan recursos. Entonces es una locura porque termina siendo gratuita pero pagando.
Nosotros hemos apelado a una interpretación garantista del derecho a la educación señalando que la manera en que la educación pública se debe financiar no es a través del cobro de matrículas, que han venido aumentando en los últimos años, sino a través de los impuestos, de un sistema fiscal progresivo en el que quienes más tienen más paguen. Pero en Colombia las multinacionales mineras y petroleras al año se llevan más de 10 billones de pesos en exención tributaria, algo así como 5000 millones de dólares, un regalo que le da el gobierno nacional. Es un debate que, puesto en esos términos, no vincula solo a los estudiantes sino que al conjunto de la sociedad colombiana.
– ¿En qué gasta los recursos el estado colombiano?
– Los dos principales rubros del gasto nacional son en primer lugar el pago de la deuda pública, que son aproximadamente unos 40 billones de pesos al año, y en segundo lugar el gasto en defensa, cercano a los 27 billones de pesos anuales. Nosotros hemos planteado el debate en dos sentidos. En primer lugar si no hay recursos, que es el discurso del gobierno que dice que Colombia es un país muy pobre, bueno habrá que ver cómo se recauda más. Y allí hay que ver qué hace el gobierno con las multinacionales de la minería y el petróleo. Pero como sabemos que sí hay recursos, la discusión está en dónde gastar.
– En los últimos días los estudiantes adhirieron a las protestas en todo el país en contra de la reforma del sistema de salud propuesta por Santos. ¿De qué se trata?
– En Colombia hay una ley, que es la 100 de 1992, que es la que instauró el sistema de salud actual. Se implantó un sistema de salud en el cual hay unas intermediarias, que lo único que hacen es parasitar los recursos públicos en salud y asignarlos a los hospitales ya sean públicos o privados. Esas intermediarias se llaman EPS, Entidades Promotoras de Salud y ganan por esa labor. Ese es un sistema que genera graves problemas porque las EPS van a ganar más cuanto menos inviertan en salud. Es decir, cada tratamiento que se le niegue a un paciente o cada paciente muerto en las puertas de los hospitales porque ya no los quieren atender es más plata para ellos.
El senador más importante de la oposición, Jorge Robledo, hace un año denunció el escándalo de la corrupción y este esquema macabro de salud que hay en Colombia, y señaló que se iba a acabar con las EPS. Eso generó un escándalo enorme porque sabemos que mientras los pacientes se están muriendo en los hospitales los dueños de las EPS están comprando campos e invirtiendo en otros temas. Esas EPS deben billones y billones de pesos. La propuesta de Santos, hoy, es de lo más malo que ha habido en temas de salud desde la ley 100, porque lo que propone es que esas EPS cambien de nombre a Empresas Gestoras de Salud, y subsanar el déficit de los hospitales públicos no apelando a los recursos que las EPS han robado literalmente sino al erario público. Es decir no solo las maquilla sino que las fortalece y las blinda contra cualquier amenaza.
Pero además hay otro problema. En Colombia dado que la salud no funciona hay un recurso constitucional que se llama la tutela que hace que los ciudadanos puedan pedir cualquier tratamiento médico apelando al derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Por esa vía se han obligado a las EPS a que cubran tratamientos que no quieren cubrir. Ese mecanismo de tutela se obstaculizaría, se le buscarían millones de recovecos a través de esta nueva reforma de la salud.
Todo con el propósito de adecuar el sistema de salud a una reforma constitucional reciente que impide gastar recursos de una manera tal que impacte negativamente en términos de déficit fiscal y que además, el gasto que se debe privilegiar es el pago de la deuda pública. Es todo un intento para ver como se recortan los derechos sociales, como se ponen a ganar todos estos magnates de las EPS mientras se mueren como perros los colombianos en las puertas de los hospitales sin un tratamiento.
Es una suerte de apartheid en materia de salud donde quien tiene los recursos puede acceder a un hospital privado pagado desde su bolsillo y el que no tiene nada muere de un dolor de muelas. Y es lo mismo que funciona en términos de educación, el que tiene recursos entra en una universidad pública o privada de alta calidad, y si no tiene le tocará ir a vender dulces en las esquinas porque el estado no garantiza los derechos.
– ¿Cuáles son las características de las reformas sociales que se están llevando a cabo en Colombia?
– A comienzos de 2011 hubo una visita del Fondo Monetario Internacional a Colombia. Luego de esa visita, cuya recomendación fue priorizar el pago de la deuda pública, en el congreso de la nación se tramitó una reforma llamada de la regla fiscal. Esta dice que el Estado no puede acrecentar su déficit, y que todos los gastos que se hagan deben ser evaluados en términos de impacto sobre el presupuesto en relación con la posibilidad de pagar la deuda pública. Incluso, se señala que esa regla fiscal será un principio constitucional, y que regirá absolutamente todos los gastos del Estado. Lo que se busca con las reformas apoyadas por Santos, como la de Salud, es que mecanismos como las tutelas de la corte constitucional puedan ser revisadas por el gobierno. Es decir, la corte constitucional no podrá ordenar, como lo hace ahora, tratamiento de enfermedades de alto costo, si esos tratamientos impactan negativamente en el fisco. Es decir, un afán permanente por parte del gobierno nacional de ver como no le incumple al capital financiero, con los compromisos de la deuda pública, y como es que pone a pagar los platos rotos de la crisis a los ciudadanos comunes, mientras otros engordan sus bolsillos de una manera enorme.
– ¿Cuales son las diferencias que notas entre los gobiernos de Santos y Uribe?
– Entre los gobiernos de Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe Velez son infinitamente mayores las coincidencias que las diferencias. Santos es un tipo que ha estado en todos los gobiernos de los últimos veinte años. Fue ministro de Comercio en el gobierno de Cesar Gaviria en 1990, que es el que hizo la apertura económica al neoliberalismo en Colombia. En 1998 fue ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana y firmó los primeros acuerdos de Stand-by con el Fondo Monetario Internacional en los que Colombia se comprometió a privatizarlo absolutamente todo. Y desde el año 2002 hasta el año 2010 estuvo íntimamente ligado a los gobiernos de Alvaro Uribe. Fue su ministro de Defensa, el de los ‘falsos positivos’. Santos es el que bombardea Ecuador para matar al número dos de las FARC. La estrategia de la oligarquía colombiana ha consistido en pintarlos como diferentísimos a estos dos que son en última instancia pulgas del mismo perro. Sin embargo son infinitamente mayores sus coincidencias.
Por ejemplo cuando se desarrolla el paro agrario, el Centro Democrático que es el grupo político de Uribe, jamás discutió los Tratados de Libre Comercio porque ellos fueron quienes los negociaron y Santos fue quien los aprobó. Jamás se han puesto en desacuerdo en materia de la ley 100, que esa ley de la salud que ahora se quiere reformar. Es más, el principal defensor de esa ley de 1992 fue Uribe y el principal defensor de las EPS creadas con esa ley es Juan Manuel Santos. Jamás han estado en desacuerdo en materia de privatización de la educación superior. Jamás han estado en desacuerdo sobre ese modelo de extracción minero energético al que tienen sometido al país. Son idénticos en absolutamente todo.
Ahora tienen una diferencia con respecto al proceso de paz que a mi juicio no es una diferencia sustancial. Es una diferencia que tiene que ver con cuantos años van a pagar unos y con cuantos años van a pagar otros. Creo que Santos y Uribe han demostrado ser lo mismo y el país debe entender eso. Incluso en materia internacional son lo mismo. La política extranjera de Santos sigue girando en torno a la Casa Blanca, e incluso le ha hecho enormes daños a la integración latinoamericana.
Los Tratados de Libre Comercio convierten a Colombia en un vehículo de inversiones y exportaciones hacia los países vecinos que afectan su agricultura, su industria y las relaciones políticas y económicas con otros países. Pero además, esa tajada del imperialismo gringo, de montar esa Alianza del Pacífico entre México, Perú, Chile y Colombia, no es más que una forma de ver cómo le ponen el palo en la rueda a los procesos de integración que desde el Mercosur se han ido profundizando con la Unasur, la Celac, y todo ese tipo de experiencias a las que Colombia debería apostarle y que sin duda alguna Santos no le ha aportado. Recordemos incluso que Santos pone a Maria Emma Mejía como su punta de lanza en Unasur, y es al mismo tiempo la que más obstaculiza la idea propuesta en su momento por Brasil de que hubiera acuerdos de cooperación militar entre todos los países de América Latina, con el propósito de ponerle un freno al imperialismo en el continente. Y fue Santos el principal opositor a eso. Si se mira bien, sólo se encuentra una diferencia, y no es una diferencia de fondo, que no es sobre los asuntos fundamentales del país.
L' Ombelico del Mondo 