La paz: piedra angular de la política colombiana

ColombiaPazPor Federico Larsen.- Mientras los partidos colombianos afinan sus estrategias de cara al ballottage del 15 de junio, en Bogotá la población parece haber redescubierto cierto interés por la política.

En los bares y restaurantes de la capital es mucho más fácil encontrarse con debates acerca de la segunda vuelta que antes de la elección del domingo pasado. Los temas que atraviesan la discusión van del sistema de alianzas a las reformas en el ámbito laboral, pasando por jubilaciones y producción agraria. Pero ninguna de las conversaciones puede obviar uno de los principales temas para la elección entre el actual presidente, Juan Manuel Santos, y su opositor, Oscar Iván Zuluaga: las negociaciones de paz de La Habana. Y la razón es que este proceso puede ser visto como la vitrina de casi todos los procesos políticos que se dan hoy en Colombia.

La estrategia de las FARC ha sido poner sobre el tapete las principales contradicciones del sistema agrario y político del país, intentar desmenuzarlas y encontrar puntos de negociación que signifiquen un avance, aunque sea mínimo, por sobre los intereses de los grandes poderes de Colombia. En este proceso han puesto en evidencia una de las más grandes contradicciones de la política colombiana: la falta de política. Mientras los insurgentes proponían cientos de puntos sobre la situación social y económica, con una asombrosa capacidad de reflexión y propuesta, la entera estructura gubernamental se encontraba desorientada y corriendo a las apuradas a buscar técnicos, especialistas y opinólogos que pudieran analizar las propuestas de los que quisieron pintar como salvajes armados, y les echaban en cara el fruto de un profundo trabajo político realizado en 50 años de existencia. Esa es una de las características de la política colombiana. Los grandes partidos no tienen la capacidad ni los instrumentos para la construcción social de soluciones a los problemas profundos. Aun con todas las herramientas del aparato estatal, no han sido capaces de hacer lo más básico que su rol requiere: política.
Las consecuencias están a la vista. El gobierno rehúsa sentarse a dialogar con el otro gran grupo insurgente, el ELN, porque simplemente no puede sostener ambos procesos sin que quede en evidencia su falta de discusión política. Por otro lado, las grandes mayorías están cada vez más lejos de la política institucional, como demuestra el altísimo abstencionismo en las últimas elecciones.
Los partidos tradicionales, ligados a los grandes intereses agrarios e industriales, han construido un sistema monolítico, basado en el monopolio de las garantías políticas para ejercer el derecho a la participación. Es decir, el único campo de acción permitido es el que ellos mismos marcan, construyendo una cultura política basada en la defensa de los intereses que ellos representan y bajo las reglas que ellos mismos han construido. Existen opciones que se pueden considerar como outsider de la política colombiana. El caso más emblemático es quizás el de la Unión Patriótica, partido nacido tras los acuerdos de paz firmados entre el entonces presidente Belisario Betancourt y las FARC en 1984, y que para sostenerse dentro del sistema debió pagar el precio de 5000 militantes asesinados, incluyendo dos candidatos a presidentes, centenares de alcaldes y concejales, miles de exiliados y decenas de desaparecidos. Porque esa es otra de las características del sistema colombiano que repercute fuertemente en la situación actual: la mayoría de los guerrilleros que se incorporaron a la vida civil fueron luego pasados por armas. Un incumplimiento cabal de los acuerdos de paz que pone la duda acerca de qué institución protegerá las garantías políticas al finalizar los diálogos de La Habana, en un país donde ni los dirigentes de partidos alternativos, ni los campesinos, ni los movimientos sociales gozan de los más básicos derechos políticos. Esta falta de garantías es, inclusive, implícitamente asumida por el Estado al otorgar autos blindados, escoltas y seguridad armada a dirigentes de oposición, que luego denuncian a las fuerzas de seguridad o paramilitares por atentados a sus vidas o la de sus compañeros. Por fuera de la vía institucional partidaria la cosa no está mejor. El movimiento Marcha Patriótica, con menos de cuatro años de existencia, ya sufrió el asesinato de más de 40 militantes y otros 350 fueron encarcelados.
Decir que Colombia es un país en guerra es una verdad que queda chica. La realidad compleja muestra que es un país con un desmesurado conflicto político y social, que cuenta con una vertiente armada. La estabilidad de su sistema está basada en la exclusión de buena parte de la población del ámbito de decisión. Dicho de otra manera, si esas 20 millones de personas que se abstuvieron el domingo hubiesen encontrado en el sistema político colombiano alguna expresión que los contuviera, la estructura misma de la política colombiana no hubiese soportado semejante cambio.
Es por eso que la dicotomía entre las dos opciones que se enfrentarán en la segunda vuelta sólo puede estar basada en la posición sobre las negociaciones de paz. Santos y Zuluaga son representantes de esa estructura política que parece tener un mismo rector, Álvaro Uribe Vélez. Santos, su discípulo más díscolo, construyó un perfil bondadoso virando hacia el centro. Una jugada que le ha costado cara, y hasta los medios más afines hoy le recriminan. ¿Cómo es posible que con toda la estructura estatal de su lado, el aparato político construido en cuatro años de gestión y una imagen relativamente positiva de su gobierno, sólo haya obtenido el 25% de los votos y hasta se encuentre en riesgo su continuidad? La solidez de la construcción santista es cuestionada por todos los flancos, y por eso él apunta a la polarización entre paz y guerra, único aspecto que lo diferencia drásticamente de su contrincante. Para el latifundio armado de la derecha, la única negociación posible es la rendición incondicional de la guerrilla. Así lo expresó Zuluaga, al asegurar que de ser electo interrumpiría el proceso de La Habana para imponer condiciones que sabe que los insurgentes jamás aceptarían.
Pero los diálogos de paz no son sino una de las expresiones de la emergencia de la política colombiana. Por eso, el último punto de la agenda de negociación es el más representativo: la refrendación de los acuerdos. Ni la cuestión agraria, ni la de los cultivos ilícitos o la participación política de los insurgentes pueden, por sí solas, desestabilizar la estructura política del país. Asumir esos acuerdos como punto de partida para la refundación del Estado colombiano es lo que pone más en riesgo los intereses históricos de los sectores que hoy dominan Colombia. La exigencia de una Asamblea Constituyente para la reafirmación de los principios vertidos en los acuerdos apunta exactamente a eso, y buena parte de ese 60% de votantes que se abstuvo lo pide a gritos, aun sabiendo que ni Santos ni Zuluaga están dispuestos, en primera instancia, a semejante concesión.
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