Argentina, Venezuela, Monsanto y la soberanía alimentaria

Marcha-contra-Monsanto-Córdoba-680x365Por Fernando Vicente Prieto*. Son países aliados en política exterior, pero muestran enormes diferencias en su relación con las corporaciones trasnacionales del agronegocio, encabezadas por Monsanto.

Tras los años duros del neoliberalismo, Venezuela y Argentina iniciaron el siglo XXI encabezando el camino de integración de Suramérica, con acciones de defensa y avance.

Venezuela construyó con sus aliados político-ideológicos el ALBA, su espacio estratégico, que explícitamente se propone superar el capitalismo. Primero lo tuvo que impulsar sólo con Cuba; luego se sumaron Bolivia y Ecuador, y más recientemente Nicaragua.

Además, privilegió la relación con los países de Caribe, del que forma parte, y algunos de ellos también se sumaron a la Alianza Bolivariana. Muchos más son los que -incluso bajo la órbita de los EEUU- reciben la solidaridad de Petrocaribe, que primero fue un acuerdo energético y ahora además intenta proyectarse como espacio de integración económica y social.

En un mundo marcado por la ofensiva de EEUU, y con una tendencia clara a la integración para hacerle contrapeso, el espacio del ALBA encontró como aliados políticos fundamentales a los países del sur: Brasil, Argentina y Uruguay. Y también Paraguay, mientras gobernó Lugo, depuesto por un golpe de Estado de nueva generación, impulsado por la derecha, en alianza con las trasnacionales del agronegocio.

¿Hacia la soberanía alimentaria?

Venezuela, en su camino original y trabajoso hacia el socialismo, estableció políticas para limitar el poder de las corporaciones de la alimentación. Chávez más de una vez fue categórico respecto a las semillas modificadas genéticamente. “El pueblo de los Estados Unidos, de América Latina y el mundo deben seguir el ejemplo de una Venezuela libre de transgénicos”, aseguró el 21 de abril de 2004, tras anunciar que se cancelaba un contrato con Monsanto, que quería plantar 200 mil hectáreas de soja modificada genéticamente.

“Ya hemos prohibido un ensayo que nos querían meter por ahí con transgénicos y estamos poniendo la barrera respectiva a nivel nacional a estos productos que hacen mucho daño a la agricultura y a la soberanía de nuestros pueblos”, explicó Chávez. ”Ordené ponerle fin al proyecto”.

A pesar de esta orientación estratégica, el desarrollo de una economía productora de alimentos en un país rentista petrolero y terrateniente -con casi toda la población migrante a la ciudad durante el siglo XX-, no resultó tarea fácil.

Se realizaron expropiaciones de grandes latifundios improductivos -superando las tres millones de hectáreas- y se otorgó la tierra a las familias campesinas. Además, el gobierno impulsó la vuelta al campo. Pero no promovió eficazmente la economía agrícola del pequeño productor y las empresas estatales presentaron grandes fallas, a menudo atravesadas por el burocratismo. Sin contar la presencia, dentro de las instituciones, de “técnicos” portadores de paradigmas productivos más afines al agronegocio que a la agroecología.

En un nivel general, la línea de Chávez continuó primando y las trasnacionales no pudieron controlar el negocio, como sí pudieron, primero con gobiernos neoliberales y luego con gobiernos neodesarrollistas, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Se impulsaron políticas que favorecieron a la agricultura campesina. Además de la Ley de Tierras, hubo un apoyo en recursos, insuficiente pero real. Hoy, en el campo, el chavismo es clara mayoría. Las familias que trabajan la tierra se identifican e impulsan la Revolución. Sólo los dueños de grandes propiedades, organizados en gremios como Fedeagro, se encuentran en las filas opositoras.

Ángel Prado, vocero de la Comuna El Maizal, lo sintetizó así hace pocas semanas, en el Estado Lara, casi en el límite con Portuguesa: “La mayor parte de nosotros éramos esclavizados por el patrón y hoy estamos produciendo para la vida. Estamos claros que podemos derrotar al capitalismo”. Lo escuchaban dos ministros: Elías Jaua, de Comunas; y Reinaldo Iturriza, de Cultura, que estuvo en Comunas desde abril de 2013 hasta septiembre de 2014. El debate giraba sobre la necesidad de avanzar en la soberanía alimentaria.

Se trata de uno de los máximos desafíos en esta etapa, ante una economía mayoritariamente en manos de grandes empresas, muy poderosas, que todavía siguen controlando aspectos fundamentales: la importación, la producción y la distribución.

El impulso a la economía comunal es un objetivo prioritario tras el Golpe de Timón (octubre de 2012), pero incipiente y de por sí, que no alcanza para resolver la urgencia del corto plazo: enfrentar a la ofensiva empresarial, centrada en la desaparición de los insumos básicos del mercado formal.

La Ley de Semillas

En este marco, desde hace varios años viene creciendo la presión de las empresas, los grandes agricultores y sus cámaras gremiales. En 2013 el diputado José Alfredo Ureña presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Semillas. En su texto se mantenía “la perspectiva agroecológica”, pero reconociendo expresamente los “derechos de propiedad intelectual en materia del desarrollo de nuevas variedades de semilla y cultivares”. Rápidamente el movimiento popular se activó y se manifestó frente al Parlamento. El proyecto fue retirado y se acordó construir una nueva Ley de Semillas con consultas a toda la sociedad, empezando por los campesinos y campesinas.

La Constituyente por una nueva Ley de Semillas tomó un impulso mayor. Entre 2013 y 2014 se realizaron cinco encuentros en diferentes partes del país, donde se elaboraron una fundamentación de principios y aportes para el articulado. En los encuentros participaron movimientos ecologistas, estudiantes, campesinos, diputados, más todos los que quisieran.

El 14 de octubre se aprobó el proyecto de ley en primera discusión. Los movimientos y colectivos esperan que el trámite parlamentario se concluya rápido. Erika Molina, del Colectivo Autana Tepuy, expresó a Notas: “Esperamos que se inicie un proceso parlamentario de calle o una consulta popular, en conjunto con la Asamblea Nacional”, para que sea aprobada “antes de que termine el año”. “Ya el pueblo está concientizado de lo que implican los transgénicos. Desde 2012 es que estamos debatiendo”, afirmó.

Consultada por la existencia de políticas contradictorias en esta materia, la joven militante expresó que “así es, pero la nueva Ley de Semillas es un marco de transición a un modelo más sano”. Destacó la posibilidad de implementar políticas de agroecología y también que “aunque la derecha se oponga, hay fuerza parlamentaria para aprobarla, como se demostró en la sesión”.

Con sus contradicciones, el nivel de debate y de las políticas públicas en Venezuela se mantiene alto y existe una clara línea expresada por Chávez y continuada por Maduro. En el sur, por el contrario, el modelo Monsanto continúa avanzando a pasos agigantados.

En los últimos diez años, la mayor parte del continente pasó de la resistencia al avance en los mecanismos de integración. Después de la Campaña No al Alca y especialmente, del rechazo de los presidentes en 2005 en Mar del Plata -donde Chávez, Néstor Kirchner y Lula jugaron un papel central ante George W. Bush-, se fortalecieron en general los espacios de unidad, conteniendo a diferentes proyectos económicos en una acción común en el plano internacional.

Con un pasado y un horizonte común como marco general, la alianza política integracionista se estableció en base a una aspiración de mayor autonomía y a una recuperación de la memoria histórica y la conciencia de la unidad. Esto permite la coexistencia –e incluso el franco apoyo- entre proyectos locales que se necesitan mutuamente, más allá de sus matices, por destino histórico y por coyuntura económica.

Diferencias estratégicas en un campo fundamental

Una de las diferencias entre Venezuela y los países del Cono Sur se puede medir en el grado de inserción de las trasnacionales en la economía local; y también en su contrapartida: el control estatal y popular de la economía. En el marco de una ofensiva de las trasnacionales a nivel mundial -y en particular por los recursos naturales de América Latina-, la producción agropecuaria es un campo clave en la disputa por el territorio. En esta opción se dividen las aguas a nivel interno.

Con sus contradicciones y limitaciones, que se encuentran en pleno debate, Venezuela se orienta principalmente a una economía que prohíbe los transgénicos. Desde el gobierno y desde el pueblo se comienza a promover una cultura ecosocialista, inspirada en el V Objetivo Histórico del Plan de la Patria, la plataforma política y electoral para el 2013-2019 elaborada por Chávez y asumida por el gobierno de Maduro.

En Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) expresa su apoyo a Dilma, pero al mismo tiempo expresa una dura crítica al nulo avance de la reforma agraria durante su gobierno, e impulsa acciones directas frente a terratenientes y empresarios del agronegocio, uno de los sectores que más ha crecido en la última década.

En Paraguay el poder del latifundio y el agronegocio es total. La población campesina es reprimida una y otra vez. Curuguaty no sólo fue el incidente que dio la oportunidad para destituir a Lugo, también es una muestra viva de la injusticia que persiste.

En Uruguay, el crecimiento de la soja se suma al del monocultivo de eucaliptus. Recientemente el Congreso sancionó una ley que prohíbe a Estados extranjeros comprar grandes cantidades de tierra. De todos modos, los particulares extranjeros siguen invirtiendo en esos suelos todavía cargados de agua y posibilidades de vida.

En Argentina, desde hace dos años la ofensiva de Monsanto y las restantes trasnacionales -Cargill, Dreyfuss, Syngenta, Nidera, entre otras- se ha concentrado en lograr una ley de Semillas a su medida. En agosto de 2012 el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, anunció junto al vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero, que se impulsaría una nueva norma, para “resguardar la propiedad intelectual” de los inversores. Poco después se filtró el proyecto de ley, de carácter secreto, y comenzó el debate en la sociedad. En un contexto de elecciones de medio término, que tuvieron lugar en 2013, el proyecto fue congelado. Pero ahora vuelve a la carga.

La ley de Semillas “Monsanto”

En estos momentos, las empresas del agronegocio, junto al Ministerio de Agricultura, trabajan en un nuevo proyecto de ley de Semillas, de similares características al que se venía cocinando en 2012, y la especulación es que se intentará aprobar en este segundo semestre. Nada de esto, de todos modos, ocurre sin resistencia.

Desde hace años, las Madres de Ituizangó, en la provincia de Córdoba, luchan contra las consecuencias para la salud que tienen los agrotóxicos. Y a pocos kilómetros de allí, en Malvinas Argentinas, resisten la instalación de la planta más grande de Monsanto en América Latina. En los últimos meses se ha activado la Campaña “No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”, impulsada por varios movimientos populares.

“Entendemos que el debate en torno a ley de semillas es un debate profundamente político, que está enmarcado en una discusión más amplia que tiene que ver cuál es el modelo agrario que estamos construyendo, para qué proyecto de país”, sostuvo Tamara Perelmuter, consultada por Notas.

“La nueva legislación apunta claramente a reglamentar y restringir el denominado ‘uso propio’. En este sentido, una de las consecuencias más importantes que tendrá es el impacto directo en los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. De esta manera, el proyecto de ley pone a los productores agrarios como simples ‘usuarios’ de sus propias semillas, cuando durante miles de años fueron (y aún lo siguen siendo), productores y reproductores de las mismas”, agrega la integrante la Campaña No a la nueva ley Monsanto de semillas.

“La propuesta mantiene (y profundiza) la política en torno a la fiscalización de las semillas. Y lo más grave es que avanza en torno a la penalización, al plantear que quien use una semilla sin la autorización de quien detenta el derecho de propiedad intelectual –es decir, las grandes corporaciones- puede ser penalizado hasta el grado de quedar excluido de la lista de inscripción como agricultor. De esta manera, sólo existe aquello que esté registrado o protegido con derecho de obtentor. No existe la posibilidad del intercambio de la semilla por fuera de ese circuito. Todo lo que no está registrado es ilegal. Y eso ilegaliza gran parte de las semillas que forman parte de nuestra diversidad agrícola. Y también ilegaliza a gran parte de nuestros productores, sobre todo campesinos e indígenas”, concluye.

Pese a las filtraciones e informaciones que circulan por aquí y por allá, el borrador del proyecto está guardado bajo siete llaves: los intereses son muchos. Casi el 70% de las exportaciones argentinas son materias primas, combustibles y manufacturas de origen agropecuario. El mayor rubro lo provee precisamente el complejo oleaginoso (soja: 84%, girasol: el resto), que representa más del 25% de las exportaciones totales y está dominado por las corporaciones y sus socios locales, presentes en más de un partido político.

Mientras tanto, el pueblo crea conciencia sobre los proyectos en pugna. No son pocos los que, en este camino, miran con admiración el proceso que se está dando en Venezuela en torno a la ley de Semillas, de características diametralmente opuestas.

A nivel global, la disputa por las semillas se inscribe entre un intento de dominación que no es sólo económica, sino también militar y cultural; y un nuevo intento de independencia de América Latina. Se trata de una pelea global de larga duración, pero que se juega en cada hora: en cada ley, en cada política.

* Corresponsal de Notas en Caracas – @FVicentePrieto

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